En toda estrategia de desarrollo rural existen dos grupos de políticas que constituyen sus pilares fundamentales. Primero, las políticas tecnológicas, financieras y productivas en general, estas permiten promover el crecimiento de la producción y la productividad, sin los cuales no hay posibilidades de desarrollo económico, generación de ingresos y de riqueza; segundo, las políticas orientadas a mejorar las condiciones territoriales y de la ruralidad, dirigidas a mejorar las condiciones de vida rural y la sostenibilidad ambiental, y que permiten que el crecimiento productivo no se agote en el mediano y largo plazo, porque no se reúnen las condiciones para la el desarrollo productivo y humano.

El primer conjunto de políticas vinculadas a la producción y el conjunto de instrumentos que movilizan (tales como la reducción y eliminación de derechos de exportación, las políticas fiscales y de precios, entre otras) son siempre muy debatidas y consideradas, el segundo grupo de políticas de cuidado y sostenimiento de la vida rural no lo son en la misma medida. En este artículo se proponen algunas observaciones sobre la necesidad de fortalecer este segundo grupo de políticas tendientes a mejorar la calidad de vida en las áreas rurales y como integrar mejor ambos grupos de políticas. La premisa básica que motiva esta reflexión es que la Argentina debe conciliar a corto plazo el aumento de la producción y de la productividad del sector agropecuario y agroindustrial con el arraigo y el desarrollo de la ruralidad, en vistas a promover un sendero de crecimiento sostenible de las áreas rurales del país.

Una política integral de desarrollo para el mundo rural debería centrarse en cuatro objetivos claves:
o La generación de nuevas oportunidades de producción agroindustrial y generación de ingresos genuinos a partir del apoyo directo e indirecto a sectores productivos más desfavorecidos, la consolidación y densificación de cadenas productivas y el fortalecimiento del asociativismo en diferentes sectores y regiones productivas del país.
o La creación de empleo rural a través de mejoras en la formación, el emprendedorismo, la consolidación de redes de apoyo al empleo juvenil, y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación en las áreas rurales
o La mejora sustancial de las condiciones de vida de la población rural a través de un mejor ordenamiento territorial (tierra, agua, recursos subterráneos y bosques nativos), la creación de infraestructuras y equipamientos y el acceso a bienes y servicios imprescindibles para el desarrollo humano (educación, salud y ciencia y tecnología)
o La regularización y el ordenamiento jurídico y legal de la tierra, especialmente en las zonas o sectores productivos más desfavorecidos o que han visto vulnerados sus derechos.

De esta manera, las políticas enfocadas a los incentivos económicos a la inversión y a la producción se complementarían con el desarrollo de otras dimensiones de la ruralidad que facilitarían que las políticas sectoriales tengan otra sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

Más allá de los elementos que deberían constituir una estrategia de desarrollo rural, hay ciertos elementos que, en vistas a la experiencia nacional e internacional, consideramos imprescindibles.

A. Planificación estratégica. Una estrategia de desarrollo rural debe estar claramente concebida, con proyectos consensuados, ordenados y priorizados según objetivos e impactos a lograr. La puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural a escala local o microrregional aparecen como la figura clave de esta estrategia integral de desarrollo rural.

B. Enfoque integral y territorial. La estrategia debe estar conformada por proyectos de carácter local y microrregional, y deben constituir propuestas integrales que se enfocan ante todo en la mejora global de los territorios, y no sólo en la dimensión productiva. En ese marco, deberían incluir el ordenamiento territorial, la creación de infraestructuras y equipamientos, la mejora de los servicios básicos (educación y salud), la regularización de la tierra, y el fortalecimiento institucional y organizacional.

C. Participación, consenso y enfoque multiescalar. Los proyectos de nivel local o microrregional que constituyen los puntos de anclaje de una estrategia de desarrollo rural deben ser construidos con la participación efectiva de las organizaciones del mundo rural (organizaciones sociales y de la producción, organismos de ciencia y tecnología, municipios, etc.), con una lógica multiescalar que articule la construcción de consensos y prioridades locales con prioridades provinciales y nacionales. Esto implica la participación del Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, donde cada nivel político administrativo tiene sus propias responsabilidades y atributos. Sin participación de los actores locales no hay desarrollo rural posible, pero tampoco lo es con un Estado ausente en materia estratégica.

D. Financiamiento. Una política de desarrollo rural debería financiar el diseño, implementación y gestión de los proyectos. No obstante el financiamiento para la realización y ejecución de otras obras o iniciativas pueden provenir de múltiples fuentes y programas nacionales. Para que una política contribuya con eficacia al desarrollo de los territorios rurales, los desembolsos financieros deberían estar supeditado a las estrategias y acciones claramente definidos y auditables en los proyectos de desarrollo rural.

E. Evaluación de impacto y resultado. Para que una estrategia de desarrollo rural sea sostenible en el tiempo y permita avanzar hacia niveles superiores de desarrollo rural es necesario evaluar los impactos de los proyectos implementados de tal manera que se puedan reorganizar los mismos para una mayor eficacia, incorporando las lecciones aprendidas y mejorando el reorientando el gasto público hacia sectores más vulnerables y estratégicos.

En síntesis, reposicionar a la Argentina en un escenario internacional más competitivo y complejo como el de los próximos años requiere desde del punto de vista agroindustrial una clara estrategia y un conjunto consistente de instrumentos de desarrollo productivo. No obstante, y tal como lo señala la experiencia argentina e internacional, no habrá agricultura competitiva y sostenible en territorios rurales en crisis, sin infraestructuras, sin abordar eficientemente cuestiones como la pobreza y la marginalidad, y las oportunidades de arraigo de la población. Al contrario, los países que pueden ser competitivos y dinámicos en su sector agroindustrial logran serlo porque sus territorios rurales son el centro y el objeto de estrategias integrales de desarrollo y no meros espacios productivos. Entonces, con una adecuada articulación entre competitividad sectorial y desarrollo de la ruralidad, la Argentina se encontraría frente a una inmensa oportunidad de transitar hacia el futuro por escenarios similares a los de los países más avanzados en la materia.. [……]

Marcelo Sili & Juan Miguel Massot